Crysol

Para mirar el futuro con esperanza.

Verdad, Justicia y Reparación Integral

El próximo viernes 27 de junio se cumplen 35 años de la disolución del Parlamento y el inicio de la histórica huelga general con que los trabajadores y el pueblo uruguayo enfrentaron el golpe de estado. 

 

El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él  se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados  y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos  procesados ya  por la justicia militar. 

 

El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada y lacaya  del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares. Fue la estrategia para, a sangre y fuego, imponer un nuevo orden político y económico  que facilitó la consolidación de un modelo  económico-financiero al servicio del capital internacional y de la cual venimos sufriendo las gravísimas consecuencias. 

 

La Violencia de Estado expresada en diversas formas y con diferentes intensidades fue empleada por los sectores más poderosos del Uruguay durante el siglo XIX y el mismo siglo XX para dificultar, frenar e impedir la organización de los trabajadores y el surgimiento de los sindicatos. Fue empleada muchísimas veces a lo largo de todo el siglo XX para enfrentar las huelgas y los conflictos obreros, para reprimir sus manifestaciones y la difusión de sus aspiraciones y reclamos en Montevideo pero también en el interior del país. 

 

La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del  13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco  la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente. 

 

Líber Arce, Susana Pintos , Hugo de los Santos, Julio Spósito y Heber Nieto militantes estudiantiles, fueron asesinados mientras manifestaban haciendo uso de sus legítimos derechos civiles y políticos durante el pachecato.  Los miles de trabajadores reprimidos y militarizados en ese período fueron víctimas de la violencia destinada a frenar el proceso de unidad y de organización de los trabajadores y de los sectores populares. 

 

La Violencia de Estado   a través  del Ministerio del Interior, gestó y  organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes  militantes políticos. Perpetró decenas de atentados con explosivos en los locales sindicales, de los medios de prensa y de los partidos de la oposición al tiempo que intentó amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles y sociales.

Luego de la disolución del  Parlamento del 27 de junio de 1973   se inició  una nueva fase represiva en la vida del país,  un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población. 

 

El Terrorismo de Estado  prohibió la actividad política y sindical, ilegalizó la CNT, la FEUU y la mayoría de los partidos de izquierda, clausuró los medios de comunicación opositores, acabó con la libertad de prensa e inició una etapa histórica represiva que llevó al Uruguay a ser el país del mundo con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. Un uruguayo de cada cinco fue detenido e interrogado. Centenares de uruguayos fueron desaparecidos y asesinados dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor y más de 30 fueran asesinados en la tortura. 

 

Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez,  dar “vuelta la página”,  ocultar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado.  

 

A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Anular la ley de caducidad permitirá que la justicia pueda actuar sin cortapisas para esclarecer todas las violaciones a los derechos humanos, identificar a sus instigadores, a los autores intelectuales y materiales de ellas y llevar a cabo los juicios que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

Verdad y justicia siguen siendo una necesidad histórica para afirmar la institucionalidad democrática y profundizarla con el horizonte de un Uruguay auténticamente democrático, solidario y justo. 

 

En ese mismo sentido, aprobar una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado que contemple a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los asesinados, a los presos políticos, a los familiares de ellos, a los niños nacidos en cautiverio, a los exiliados, a los clandestinos, a los despedidos por las patronales reaccionarias y al conjunto de la sociedad es imprescindible para que realmente haya Justicia. 

 

El Estado uruguayo, como lo establece la normativa internacional y nacional, debe asumir su responsabilidad por el terrorismo desplegado por sus poderes ilegítimos y sus institutos armados. El Estado uruguayo debe pedir disculpas públicas y formales a todas las víctimas y a toda la sociedad y cumplir con las obligaciones jurídicas, políticas y éticas que correspondan. 

 

Este es el único y auténtico camino para que Nunca Más haya Terrorismo de Estado. 

 

Convocamos a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y a los descendientes a mantener, aumentar e intensificar la movilización por estos objetivos imprescindibles. Llamamos a todas las fuerzas políticas auténticamente democráticas y a todos los representantes de la ciudadanía  a actuar con esta orientación.

 

Crysol

asociación de ex pres@s polític@s del uruguay

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